El frigorífico ubicado sobre el acceso Dámaso Valdés había sido alquilado a un empresario de San Pedro, que debió romper el contrato de locación luego que el propietario le informara que la empresa había sido vendida.
El nuevo inquilino, José Luis Dib, se hizo cargo de una parte importante del plantel de trabajadores, a quienes les reconoció la deuda y también la antigüedad. La planta pertenecía entonces a una empresario de apellido Moscarbel, quien -en aquel momento- se habría comprometido a cobrar alquiler por un tiempo para que la nueva administración pueda saldar la deuda acumulada con los trabajadores y con la AFIP.
Un mes después el frigorífico San Nicolás reanudaba la producción tras saldar una deuda importante con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La habilitación del Senasa era el último requisito para poner en funcionamiento otra vez la planta.
Hace pocas semanas, y tras varios meses de actividad, surgió la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo conformada por el locatario y los trabajadores. El proceso administrativo estaba avanzado cuando el inquilino fue informado de que el frigorífico se había vendido, el comprador sería de la localidad de Casilda. Así las cosas, el contrato de locación se rompió y la empresa quedó acéfala y sin actividad en virtud de que aún no se conocen las intenciones del nuevo propietario. Desde entonces, medio centenar de trabajadores se encuentran sin empleo y con la incertidumbre de no saber si la planta volverá a operar o no.
En este contexto, un apellido muy conocido volvió a aparecer en escena. Se trata de Coto, supermercadista y uno de los principales empresarios de la carne del país. Su nombre ya había surgido como posible comprador durante los meses de conflictividad, en 2016. Ahora esta posibilidad vuelve a tomar fuerza.
Mientras tanto, todo es incertidumbre y angustia para esas 50 familias que han perdido el ingreso que les daba sustento a sus hogares.
La delegada regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Andrea Ambrosio, aseguró que “no hay ninguna presentación hecha” en el organismo, lo cual deja inferir que los trabajadores se encuentran absolutamente desprotegidos.
